Salud Digna: Acceso a Servicios Dentales como Derecho Fundamental

Cualquiera de los indicadores universalmente aceptados nos indican que existen más personas que no disponen de los recursos materiales suficientes para atender sus necesidades básicas, lo que les impide vivir la vida con un mínimo de dignidad. Pero además, los indicadores nos hablan de un aumento de personas que se encuentran en claro riesgo de exclusión social. Así, el concepto de exclusión social nos permite a los poderes públicos avanzar en el concepto de pobreza y no circunscribirlo a un mero concepto economicista.

El modelo español de sistema nacional de salud, que garantiza la protección de la salud, se sustenta en la financiación pública, la universalidad y la gratuidad de los servicios sanitarios. Por otra parte, de acuerdo con la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, las prestaciones sanitarias de salud pública en el sistema nacional de salud incluyen acciones preventivas, asistenciales, de seguimiento y control de situaciones dirigidas a preservar la salud pública de la población, así como evitar los riesgos asociados a situaciones de alerta y emergencia sanitaria.

Sin embargo, los recortes sanitarios que se han producido al amparo del Real Decreto-ley 16/2012 han dejado a una parte de la población desprotegida. Y es necesario citar otro de los factores que incide de forma clara en las situaciones de exclusión social, que es el acceso a la vivienda y en unas condiciones dignas.

La Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, como señala en su Exposición de Motivos, instaura un nuevo marco legislativo con la declaración del derecho a los servicios sociales como un derecho subjetivo y universal de los ciudadanos.

Mapa de Exclusión Social en Europa

El Impacto de la Pobreza y la Exclusión Social en la Salud Bucal

En Extremadura se ha producido un claro incremento del número de personas en hogares con riesgo de pobreza y exclusión social, tanto que las cifras eran de 437.535 extremeños, frente a 399.372 solamente cuatro años atrás. Lo que hace que casi 40 hogares de cada 100 se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, lo que representa un 39,8 % de los hogares extremeños, siendo este dato superior en 10,6 puntos al del conjunto del Estado. Esto mismo lo atestiguan los indicadores de privación material severa, el índice de baja intensidad en el trabajo en el hogar o las cifras de desempleo.

Mención especial requieren los datos en cuanto a pobreza infantil, donde datos de diferentes informes y estudios sitúan a nuestro país como uno de los que mayores cifras de niños y niñas en riesgo de pobreza dentro de los de nuestro entorno, concretamente el 30,5 % de los niños y niñas de nuestro país vive en riesgo de pobreza infantil.

Desde 2007, la factura eléctrica se ha disparado en España un 63 %, mientras que la renta media de los hogares se ha reducido un 8,5 %, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. La tasa de pobreza energética ha pasado del 5,9 % en 2008 al 10 % en 2010, y se estima que actualmente ronde el 15 %. El gasto más importante, la calefacción, supone ya el 42 % del total de la factura de energía, haciendo gastar a las familias por encima de sus posibilidades. En el contexto extremeño la incidencia es mayor por el estado general de los inmuebles, ya que un 40 % de ellos padecen patologías (humedades, goteras, podredumbres) que incrementan ese gasto de calefacción.

Dado que los actuales mecanismos de intervención sobre los factores de riesgo y exclusión no han alcanzado los objetivos esperables, sino que lejos de salvar una situación extrema han colocado a Extremadura en una situación de urgencia histórica con indicadores por encima del resto de la nación y dado que los convencionales procedimientos de tramitación legislativa no van permitir revertir la situación con la celeridad que precisa una situación de emergencia social, es por lo que se considera justificada la utilización de esta norma como el mecanismo más efectivo para solucionar la situación fáctica habilitante, pues el decreto-ley aglutina una serie de medidas que tienen por objeto intervenir sobre los factores de riesgo y exclusión en los ámbitos de la protección sanitaria, la renta básica, la vivienda y la garantía de suministro eléctrico y de agua con el fin de erradicar las desigualdades sociales y de aumentar la cohesión y la justicia social en Extremadura.

La efectividad de la respuesta normativa propuesta por el decreto-ley no puede demorarse durante el tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario precisamente por la necesidad de inmediatez de las medidas propuestas.

La importancia de la salud bucal / Bien y Saludable

Medidas y Acciones para Garantizar la Salud Bucal

Para hacer efectivo el derecho a los suministros de mínimos vitales una vez reconocido, la Junta de Extremadura suscribirá convenios con las empresas y entidades suministradoras de estos servicios, para el pago directo de los mismos.

Podrán participar en los procedimientos de adjudicación de viviendas de promoción pública contemplados en el Decreto 115/2006, de 27 de junio, que regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública en la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin que constituya causa de exclusión de los mismos, aquellas personas que se encuentren ocupando ilegalmente una vivienda de promoción pública cuando previamente, con una antelación de al menos tres meses a la ocupación ilegal, hubiesen comunicado y acreditado ante el órgano competente en materia de vivienda la necesidad urgente de vivienda.

La prescripción de medicamentos se realizará en receta oficial. En los tratamientos farmacológicos ambulatorios la persona usuaria deberá abonar el 40 por cien del precio de venta al público de los medicamentos.

La asignación del centro de salud será la que corresponda según el mapa sanitario, en virtud del domicilio habitual del interesado.

Tabla: Indicadores de Pobreza y Exclusión Social en Extremadura

Indicador Dato
Hogares en riesgo de pobreza y exclusión social 39,8 %
Población en riesgo de pobreza y exclusión social (2014) 437.535 personas
Pobreza infantil 30,5 %

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